Origen de la Tenencia de Terrenos en Puerto Rico Print E-mail
Saturday, 14 February 2009 04:44

Todos los terrenos de la Isla de Puerto Rico pertenecieron primitivamente a la Corona de España como resultado del descubrimiento de la Isla por Cristóbal Colón  el 19 de noviembre de 1493, sin que haya sido posible encontrar en los archivos documentos que demuestren como fueron administrados dichos terrenos por el Gobierno Español en los primeros tiempos después de su adquisición y, por tanto, tendremos que referirnos a épocas de la cual algunos antecedentes han podido encontrarse.  Por Real Cédula del 14 de enero de 1778 fecha en que tuvo origen el derecho de la propiedad en Puerto Rico, el Rey de España, Carlos III, concedió a los habitantes de esta Isla la propiedad de todas las tierras de ella a cambio de sostenimiento en pie de guerra de siete batallones de milicias, tres bergantines y las fuerzas navales a estos necesarias.

 

Una real cedula de un rey absoluto de España tenia entonces todas las fuerzas que ha tenido después una ley votada en cortes y que esa real cedula tuvo para Puerto Rico todas las preeminencias de un tratado puesto que la concesión no fue gratuita, sino que por el contrario se impusieron al tesoro de la Isla en dicha real cédula, condiciones que cumplió siempre.  La real cédula de referencia autorizó al Capitán General de Puerto Rico para repartir terrenos baldíos entre los habitantes de la Isla bajo ciertas condiciones que, de no cumplirse, revertirán los terrenos al Estado.

Las concesiones de terrenos en la Isla de Puerto Rico se estuvieron haciendo en la forma indicada hasta el año 1818 en que por Real Cédula del 28 de diciembre del mismo año se creo la Junta de Repartimiento de Terrenos Baldíos.  Para poder llevar a efecto dicha junta su cometido en forma adecuada y no existiendo en aquella fecha agrimensores titulados en la Isla, el Gobierno autorizó a un número de curiosos para ejercer la profesión en Puerto Rico, pues tan pronto como una persona solicitaba la concesión de un terreno, si la junta acordaba concederlo, se autorizaba al interesado para presentar a su expensa, la mensura del terreno solicitado, la que debía hacerse con notificación a los propietarios colindantes, expresando el agrimensor en la certificación que expidiera la conformidad o inconformidad de dichos colindantes y en el último caso, las razones que tuvieran para ello.  Una vez terminada la mensura debían amojonarse todos los ángulos del lindero del mismo; por lo general a esos terrenos mensurados se les daba una forma rectangular, pero debido a la imperfección de los instrumentos que poseían en aquella fecha y al sistema poco eficiente que se usaba, pocas veces resultaba la parcela marcada en el terreno de acuerdo con la descripción que de la misma hiciera el agrimensor en la certificación que expidiera.  Esto por un lado, y por otro la subdivisión o agrupaciones que de muchas de esas concesiones se han hecho posteriormente, han sido la causa determinante de la forma irregular que tienen en la actualidad las propiedades rurales en Puerto Rico.  Esta Junta de Repartimiento de Terrenos Baldíos estuvo funcionando hasta el año 1876 en que por Real Orden de 3 de febrero del mismo año se indicó la conveniencia de que fuera suprimida dicha junta con motivo de haberse dispuesto por Real Orden Número 61 de 27 de enero de 1876 que no se concedieran más terrenos del Estado gratuitamente en Puerto Rico.

Esta Junta de Repartimiento de Terrenos Baldíos hizo gran número de concesiones de terrenos en toda la Isla durante los cincuenta y ocho años que estuvo funcionando y en ellas no se imponían prácticamente otra condiciones a los concesionarios que la de tener cultivado al año la décima parte del terreno, a los cuatro años la cuarta parte y a los diez años la mitad en beneficio de la agricultura, y pagar las contribuciones que les fueren impuestas.

Una vez terminado el expediente de la concesión, dicha junta en  nombre de Su Majestad el Rey expedía el titulo correspondiente a favor del concesionario, en el cual, además de hacerse constar la mensura del terreno y las condiciones impuestas a la concesión, se estipulaba que si el interesado cumplía dichas condiciones, en ese caso nadie podría disputarle su dominio sino que, por el contrario, se le sostendría y ampararía por los jueces territoriales.  La transferencia que de estos títulos se hicieran por los concesionarios a favor de otras personas, quedaban afectas al cumplimiento de las condiciones de la concesión.